EL PAIS DE LOS ELEGIDOS
Siete años de trabajo bastan a un diputado para tener pensión, el resto necesita quince | Los ex ministros son indemnizados por las dificultades en volver a su vida profesional
Las familias españolas hacen números por las paredes y tienen un nuevo motivo de inquietud: el Gobierno acaba de poner las pensiones en la carpeta de asuntos que necesitan ser revisados. Los sindicatos están que trinan con la propuesta de retrasar la edad de jubilación de los 65 a los 67 años para hacer frente a los problemas financieros futuros de la Seguridad Social, y le han visto las orejas al lobo con otra propuesta del Gobierno, la de elevar de 15 a 25 los años de cotización para el cálculo de las pensiones. Los trabajadores están intranquilos por el futuro de sus rentas, pero no todos comparten el mismo nivel de preocupación. La clase política, por diversas razones asociadas al desempeño de sus cargos públicos, tiene unas condiciones de retiro distintas, mucho más ventajosas. ¿Y no nos dice la Constitución que todos los españoles somos iguales?¿Dónde está esa igualdad? Siempre se ha sabido sobre las prerrogativas de los políticos, pero ¿es justa tal diferencia?. Son ellos mismos quienes han creado esas leyes desiguales, por lo que quizás ¿no estén incurriendo en una acción anticonstitucional?
EL CUADRE DE LAS CUENTAS DE LOS PARTIDOS
La financiación de los partidos políticos ha presentado en todos estos años múltiples deficiencias y problemas, hasta el punto que el Tribunal de Cuentas, como órgano fiscalizador, había requerido reiteradamente dicha reforma.
Es un lugar común la consideración de los partidos políticos como elementos fundamentales del moderno Estado democrático y de lo que se ha venido en llamar la democracia de partidos. Así se deriva sin ir más lejos de lo dispuesto en el artículo 6 de la Constitución española.
Ahora bien, también es cierto que se han dado casos de corrupción o de financiación irregular, así como actuaciones desmesuradas, que han puesto de manifiesto deficiencias graves de ese “Estado de partidos”.
Por otro lado, el Barómetro Global de la Corrupción 2007 elaborado por la ONG Transparency International concluye que los partidos políticos son la institución más corrupta según la opinión de la ciudadanía española, con una valoración de 3,9 sobre un máximo de 5, lo cual representa un 62% de los encuestados.
En concreto, la financiación de los partidos es la principal sospecha de corrupción para los españoles. La imagen de los partidos por consiguiente no sale bien parada de dicho informe.
Una valoración global de la nueva ley ha de tener en cuenta el hecho de que son los propios partidos, para entendernos, los que la aprueban. Por ello puede afirmarse que en términos generales éstos no aprobarán nunca una regulación deficiente o improcedente para ellos mismos. Así, la nueva ley de financiación se aprueba finalmente con el voto en contra del PP.
La nueva ley prohíbe las donaciones anónimas, a cambio de un aumento suculento de la cantidad de dinero público de subvención directa que recibirán.
En efecto, la nueva ley aumenta de 65 a 78 millones de euros, un 20%, la subvención que para el funcionamiento ordinario reciben de los presupuestos generales del Estado (a parte están las cantidades relacionadas con los gastos electorales, o con la seguridad, por ejemplo).
Por otro lado, hemos de destacar la baja contribución económica de los afiliados. La financiación derivada de cuotas de los afiliados, de las aportaciones de los cargos electos, etc., representa aproximadamente una quinta parte del total de los ingresos.
En definitiva, si para algo ha servido el debate y la aprobación de la nueva ley es para un aumento notable de los fondos provenientes de la subvención directa que recibirán todos los partidos con representación institucional para sus gastos de funcionamiento ordinario.
De momento, con el aumento mencionado del 20% de un año a otro, se nos muestra un trato discriminatorio en relación a otros colectivos, se encubre la mala gestión o el derroche, y se ignora la ejemplaridad en el uso riguroso de los recursos públicos.
La política en España ahoga. En los últimos años han saqueado de las arcas más de 4.000 millones de euros. Primero empezaron con el urbanismo, luego con la privatización de servicios y concesiones en los servicios de limpieza, agua, etc. La gallina de los huevos de oro empieza a agotarse, y recurren a que seamos los españoles de a pie quienes solventemos el problema de “sequía”.
La trama Gurtel, una trama de corrupción, favores y regalos cercanísima al partido popular ha sido finamente filtrada a los periódicos afines al partido socialista para rentabilizar al máximo un escándalo, una controversia y un escalamiento que tanto más daña al PP cuanto más "escala" más en su jerarquía y en sus intereses. Por supuesto que la verdad nos hace más libres aunque su forma de dispensarla también parezca más instrumento de otro fin: el descrédito del rival político y si se realiza de una manera sesgada el propio daño a la libertad de expresión y a la democracia.
La corrupción es un fenómeno que está profundamente enraizado en la cultura política española. Es un mal antiguo que tiene mucho que ver con la forma de concebir el poder y su ejercicio en nuestras latitudes.
Con la democracia la corrupción ha adquirido perfiles nuevos y se ha sofisticado. Ahora en España los corruptos, además de creerse legitimados por el mandato electoral para gobernar, actúan como si con los votos hubieran recibido un cheque en blanco.
Para ellos, tal parece que las urnas tengan que validarlo todo hasta el punto de que cualquier extravagancia tenga cabida en la práctica política y administrativa, aún a costa de erosionar la calidad democrática del sistema, de sacrificar la seguridad jurídica de los ciudadanos o de esquilmar el presupuesto.
En España, además, los ciudadanos tenemos una forma muy peculiar de concebir las relaciones con el poder y cada uno, en la medida de sus posibilidades, participa de la corrupción generalizada con múltiples, cotidianas e indefectibles corruptelas, engaños, fraudes, martingalas y pillerías para sacar provecho del sistema, sea una recomendación, una información, una prestación, un servicio o cualquier cosa que pueda valer algo, por insignificante que sea.
¿Y por qué nos quedamos los ciudadanos de brazos cruzados? Acaso ¿tenemos miedo?. El descontento es generalizador de Norte a Sur, sin embargo a la hora de salir a las calles y dejarnos oir, nos quedamos sentados en el sofá esperando a que otros hablen por nosotros.
Son los elegidos del siglo XXI. Parece como si tuviesen el poder de Dios, cuando son simplemente humanos sedientos de poder y corrupción. ¿No deberían dar ejemplo?. Podríamos reflexionar y razonar qué clase de personas queremos que lleven un país, función tremendamente complicada, por lo que los individuos que lo representen deben ser gratamente humanos llenos de buenas intenciones y afán de superación.
