“Tuvimos un arma apuntando a la cabeza”

Hernán Pérez Orsi escuchó el ruido de las hélices de un helicóptero y salió apresuradamente de la cabina. Como segundo oficial del barco, encargado de la navegación, este hombre de mar, argentino, de 40 años, se dirigió al puente de mando. Una docena y media de individuos con pasamontañas se descolgaba mediante cuerdas sobre el Arctic Sunrise con las armas en ristre. Pérez lanzó la alarma antipiratería. Acabaría siendo acusado de pirata. Los hombres armados irrumpieron en el puente con sus ametralladoras. Arrastraron por el suelo al videoperiodista freelance Kieron Bryan, británico de 29 años, que viajaba junto a los activistas para documentar la acción. Dieron la orden de parar máquinas. Así empezó la pesadilla. Y así la narra por teléfono, desde un hotel en San Petersburgo, Pérez Orsi, con el eco de los llantos de su pequeña hija Julia, de un año, resonando en la habitación. “Fui secuestrado por las fuerzas especiales rusas”, sentencia, sereno. Los llamados 30 del ártico están en libertad bajo fianza. Los 28 activistas de Greenpeace y los dos periodistas que fueron detenidos el pasado 19 de septiembre tras una acción de protesta en la plataforma petrolera Prirazlómnaya, en el mar de Pechora, entre la costa continental rusa y la isla de Nóvaya Zemliá, han sido liberados con cuentagotas, uno a uno, a lo largo de las últimas dos semanas. El último, el australiano Colin Russell, abandonó la prisión el pasado viernes. En la que es la primera entrevista que algún tripulante del barco concede a un medio de comunicación español, el marinero Hernán Pérez Orsi y la activista Camila Speziale, ambos de nacionalidad argentina, relatan la dureza de la detención y encarcelamiento que han sufrido. “Todos tuvimos un arma apuntando a la cabeza”, cuenta en alusión a la detención, también por teléfono, desde un céntrico hotel de la ciudad rusa, Speziale, de 21 años, la mujer que ha copado las portadas de los medios de comunicación argentinos. “Nadie está preparado para tener un arma apuntando a la cabeza. Esos momentos no se pueden olvidar. Fue una detención violenta e injusta”.

“Decir la verdad no es un crimen”

El revuelo mediático fue desmedido. El diputado de Los Verdes Hans-Christian Ströbele, veterano de 74 años bregado en mil batallas políticas, presentó el viernes ante cientos de periodistas el producto de su viaje a Moscú: una carta firmada la víspera por Edward Snowden, en la que el "antiguo empleado de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) la Agencia de Inteligencia de la Defensa (DIA)" mantiene haber sido testigo de "violaciones sistemáticas de la ley" por parte del Gobierno de Washington. Decir la verdad sobre estas violaciones, se defiende Snowden, "no es un crimen". El informático se dijo dispuesto a testificar ante la Fiscalía Federal alemana sobre estas actividades ilegales de los estadounidenses en Europa. También anunció su disposición a declarar ante el congreso de Estados Unidos, donde está en busca y captura.

Asi va España

Empleo sacará del fondo de reserva otros 6.148 millones para pagar las pensiones La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha anunciado este martes que en los próximos tres meses se van a sacar del Fondo de Reserva, la conocida como hucha de las pensiones, 6.148 millones de euros para hacer frente al pago de pensiones ante las estrecheces financieras que está sufriendo el sistema. En julio ya tuvo que usar 4.500 millones de esta hucha para abonar la paga extra de verano. Báñez ha hecho este anuncio en la Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados, donde ha explicado la reforma de pensiones que propone para introducir el factor de sostenibilidad (adecuar las pensiones a la esperanza de vida) y un nuevo índice de revalorización. Lo que plantea Empleo es que, si hay crisis económica, las pensiones suban el 0,25%, como está previsto que suceda en 2014, mientras que si la situación es de bonanza se revaloricen el 0,25% más el IPC. El Gobierno ya recurrió en 2012 a 11.683 millones de euros de los fondos de la Seguridad Social (4.680 millones de euros del Fondo de Prevención y Rehabilitación y 7.003 millones de euros del Fondo de Reserva de la Seguridad Social). Era la primera vez que un Gobierno hacía uso del fondo de reserva.

Cambios

Alberto Ruiz-Gallardón se fijó como uno de los puntos clave de su legislatura como ministro de Justicia la reforma de la ley del aborto impulsada por el anterior Ejecutivo socialista en 2010. Después de casi dos años al frente del departamento y tras varios amagos de presentación en el Consejo de Ministros -hasta cuatro veces se ha visto rechazado el texto en la reunión gubernamental de los viernes-, Gallardón por fin va a poder sacar adelanta el tan ansiado cambio. Será antes de finales de octubre cuando el Ejecutivo dé luz verde al texto, según el ministro. La idea que baraja es retroceder hasta la ley de 1985 y moldearla con algunas modificaciones, respetando «el discurso histórico» del PP. Una propuesta que no ha gustado, curiosamente, a dos antagonistas, como las asociaciones feministas y las provida. Tampoco le hace ninguna gracia ni al PSOE ni a los obispos. «Donde dice histórica hay que leer prehistórica, machista, sexista y ultracatólica. En efecto, la posición eterna de Alianza Popular, primero y del PP, después. Siempre coherente: contra la libertad de las mujeres», escribió Elena Valenciano, número dos del PSOE, en Facebook. La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (Famsd) también mostró su contrariedad y prometió dar guerra. «Es un contrasentido y un retroceso bajo las órdenes de la Iglesia. Nos van a tener a todas frente a esta ley», prometió Ana María del Campo, su presidenta. Pero la jerarquía de la Iglesia católica tampoco está muy conforme con los planes de Justicia. Aplaude que se elimine la actual ley, ya que supone «una situación lacerante, de gravísima injusticia, como supone que eliminar la vida de un ser humano que va a nacer sea un derecho», según el asturiano Juan Antonio Martínez Camino. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española mostró su deseo de que el Gobierno no solo retroceda 28 años, sino que vaya más allá en la modificación legislativa porque los gobernadores tienen «la obligación de tutelar un derecho tan fundamental como el derecho a la vida». Martínez Camino apuntó que se debe fomentar la aplicación de una ley que cuide «de modo adecuado y proporcional el derecho a la vida de los que van a nacer». Volver a los tres supuestos En este sentido también se pronunció Derecho a Vivir, aunque mostró sus reticencias a que el Ejecutivo cumpla los plazos marcados por el propio ministro. «Puede perder la oportunidad de reformar de verdad la normativa y reducir drásticamente el número de abortos», apuntó Gádor Joya, su portavoz. Y Ángel Mario Díaz, portavoz del Foro de la Familia en Asturias, se preguntó «si de verdad el Gobierno central va a cumplir sus promesas o las incumplirá nuevamente y se conformará con poner paños calientes». La modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo «defenderá el derecho a la vida y el derecho a la mujer y, en caso de conflicto entre ambos, se adecuará a la doctrina del Tribunal Constitucional», señaló el titular de Justicia en una entrevista en Radio Nacional. Esa doctrina, fijada en 1985, determinaba que la mujer podía abortar solo en tres supuestos: violación, malformación del feto o grave riesgo para la salud física o psicológica de la madre. La ley fue modificada en 2010, dejando el aborto libre durante las primeras 14 semanas y hasta las 22 semanas si se diagnostica un riesgo grave para la madre. Una reforma que el PP siempre ha criticado por ser «una modificación unilateral de una materia tan sensible». También permite que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Sobre los futuros cambios, el ministro no quiso desvelar muchos datos -un «ocultismo» que no hace presagiar nada bueno, según el PSOE- después de que sondeara hace unos meses la posibilidad de que se limitara el supuesto de malformación del feto. Algunos dirigentes populares mostraron sus reticencias a que este cambio fuera más allá que la doctrina marcada por el Constitucional hace 28 años y rechazaron la idea. Ante esta oposición, Justicia no irá tan lejos de anular este precepto, que en la legislación ochentera se articula dentro de las primeras 22 semanas de embarazo, sino que limitará este punto. Además, también se establecerá un mayor control médico para que el supuesto psicológico no sea un coladero. La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) denunció que esta reforma llevará a la clandestinidad al 99,9% de las 3.000 mujeres afectadas por alguna patología fetal, como puede ser una anomalía congénita, un defecto cromosomático u otra enfermedad fetal. Volver a la ley de supuestos, según Francisca García, portavoz de ACAI, será un «grave retroceso. La sociedad española no responde a esa mentalidad, que solo tiene que ver con cuestiones ideológicas», añadió. Mientras que Blanca Cañedo-Argüelles, de la clínica gijonesa Belladona, abundaba: «No hay ninguna alarma social. No hay más abortos. Para lo único que va a servir la reforma es para atacar a las mujeres, crear un conflicto social y restar fuerzas para trabajar en lo que de verdad importa: la prevención». Contrata el Depósito NARANJA de ING DIRECT a 4 meses al 2,40%TAE

Qué es la Agenda 21 Local

En los años 60 del pasado siglo XX, la comunidad científica comienza a alertar a las administraciones sobre los grandes problemas del planeta: pobreza, pérdida de biodiversidad y deterioro medioambiental. Se empiezan a hacer patentes las interrelaciones físicas e inevitables entre las actividades humanas y la naturaleza y que el medio ambiente, -la biosfera en la que vivimos- resulta ser un sistema complejo, dinámico, sinérgico e incierto y que existe una interdependencia mutua entre el ecosistema y el sistema socioeconómico que exige una mutua adaptación de ambos.

El concepto de Agenda 21 tiene su origen en la Conferencia de las Naciones Unidadas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible o "Cumbre de la Tierra" celebrada en Río de Janeiro ( Brasil , Junio de 1992).La Agenda 21 es un documento que consta de 40 capítulos los cuales estudian la conexión existente entre el medio ambiente, la economía y la sociedad, es un plan de acción global hacia el Desarrollo Sostenible.

El Desarrollo Sostenible se define como un "desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones actuales sin poner en peligro la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras"(Informe Brundtland, 1987).

Este proceso supone la conservación de los recursos, el desarrollo económico viable y el desarrollo social equitativo, a la vez que se plantea la recuperación de los usos y costumbres, junto al patrimonio y cultura de los pueblos

El Capítulo 28 , titulado "Iniciativas de las Autoridades Locales en apoyo a la Agenda 21" declara:

- [...] Las autoridades locales ... en su carácter de autoridad más cercana al pueblo, desempeñan una función importantísima en la educación y movilización del público en pro del desarrollo sostenible.
- [...] Para 1996, la mayoría de autoridades locales de cada país deberían haber llevado a cabo un proceso de consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado un consenso sobre una "Agenda 21 Local" para su comunidad.

A partir de este acuerdo se desarrollan políticas y programas que llevan a miles de autoridades locales en todo el mundo a implicarse en procesos de Agenda Local 21.

Cabe destacar el liderazgo europeo y en especial la Campaña Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles que agrupa a más de 1200 autoridades locales que trabajan por el desarrollo sostenible de sus municipios.

La agenda 21 en su Capítulo 28 dice textualmente al respecto y como objetivos, después de justificar la importancia de las autoridades locales en esta materia del Desarrollo Sostenible o sustentable, en las Bases para la acción:

·         a) “Para 1996, la mayoría de las autoridades locales de cada país deberían haber llevado a cabo un proceso de consultas con sus respectivas poblaciones y haber logrado un CONSENSO sobre un Programa 21 Local para la conmunidad“.

Hay que recordar, aquí además, que en su Capítulo 25 ha dicho remarcadamente:

·         25.12). Los niños no sólo heredarán la responsabilidad de cuidar la Tierra, sino que, en muchos países en desarrollo, constituyen casi la mitad de la población. Además, los niños de los países en desarrollo y de los países industrializados son igualmente vulnerables en grado sumo a los efectos de la degradación del medio ambiente. También son partidarios muy conscientes de la idea de cuidar el medio ambiente. Es menester que se tengan plenamente en cuenta los intereses concretos de la infancia en el proceso de participación relacionado con el medio ambiente y el desarrollo, a fin de salvaguardar la continuidad en el futuro de cualesquiera medidas que se tomen para mejorar el medio ambiente.

Otra cosa para recordar es Esta participación la prescribe en los Capítulos:

·         27). Fortalecimiento del papel del las organizaciones no gubernamentales: asociadas en la búsqueda de un desarrollo sostenible.

·         26). Reconocimiento y fortalecimiento del papel de las poblaciones indígenas y sus comunidades.

·         24). Medidas mundiales en favor de la mujer para lograr un desarrollo sostenible y equitativo.

·         25). La infancia y la juventud en el desarrollo sostenible.

Se nos presenta como algo ideal y maravilloso, pero probablemente esconda una doble vertiente o matiz. La globalización de las familias y personas en masas edificadas en las ciudades, retiradas de las periferias y del campo. El vivir en forma de comunidad donde todos comparten todo y donde la propiedad privada ha dejado de existir. Es la forma de vida del futuro. Nadie tendrá nada. Nadie necesitará nada. Solo se vivirá de lo que los Gobiernos nos provean y habrá que trabajar por ello, pero no para uno mismo, sino para la comunidad.

Esta forma adornada de presentarnos como algo ecológico e idóneo para el medio ambiente, en forma de vida maravillosa esconde los intereses de unos pocos hacia la sociedad. No se muestra nada halagüeño.

Rajoy solo admite su error con Bárcenas y rechaza todas las acusaciones contra el PP

Los hechos se resumen así para Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España: "Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía; me engañó. Creí en su inocencia". Eran las nueve y media de la mañana del 1 de agosto cuando el jefe del Ejecutivo ha pronunciado por primera vez y en sede parlamentaria, el nombre del extesorero de su partido: Luis Bárcenas. Rajoy ha asegurado que nunca ha cobrado dinero de manera fraudulenta y, que en efecto, sí ha recibido sobresueldos, pero que todo lo ha declarado a Hacienda y eso, ha añadido, tiene más valor que "un renglón escrito al vuelo en un papel arrugado escrito a mano", en referencia a los manuscritos de Bárcenas . En su turno de intervención, tras escuchar al presidente, Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del PSOE, ha declarado que no da crédito a nada de lo que acababa de decir Rajoy porque siguió amparando a Bárcenas y que no renunciará a la moción de censura. "

astilleros españoles

1Comentario | En Tuenti El ministro de Industria, Energía, y Turismo, José Manuel Soria, ha confiado este lunes en que el vicepresidente de la CE y comisario de Competencia, Joaquín Almunia, reconsidere la decisión de obligar a los astilleros españoles a devolver las ayudas del sistema 'tax lease'. En declaraciones antes de reunirse con la Asociación Empresarial Química de Tarragona (AEQT) en la sede de la patronal catalana Fomento del Trabajo, ha sostenido que los astilleros, armadores y financiadores han actuado en base al principio de "seguridad jurídica y confianza legítima". Ha constatado una "inacción absoluta" de la CE desde que se puso en funcionamiento el sistema del 'tax lease' español, hasta que fue denunciado en 2011, y ha recordado que desde principios de este año está en vigor un nuevo sistema y que se adapta a la legislación comunitaria. "La armonización fiscal directa no existe en la Unión Europea. El hecho de que existan beneficios tributarios distintos de un país a otro no significa que eso sean ayudas de Estado", ha insistido Soria, que, con este argumento, confía en que España no deba devolver las ayudas.