Alberto Ruiz-Gallardón se fijó como uno de los puntos clave de su legislatura como ministro de Justicia la reforma de la ley del aborto impulsada por el anterior Ejecutivo socialista en 2010. Después de casi dos años al frente del departamento y tras varios amagos de presentación en el Consejo de Ministros -hasta cuatro veces se ha visto rechazado el texto en la reunión gubernamental de los viernes-, Gallardón por fin va a poder sacar adelanta el tan ansiado cambio. Será antes de finales de octubre cuando el Ejecutivo dé luz verde al texto, según el ministro.
La idea que baraja es retroceder hasta la ley de 1985 y moldearla con algunas modificaciones, respetando «el discurso histórico» del PP. Una propuesta que no ha gustado, curiosamente, a dos antagonistas, como las asociaciones feministas y las provida. Tampoco le hace ninguna gracia ni al PSOE ni a los obispos. «Donde dice histórica hay que leer prehistórica, machista, sexista y ultracatólica. En efecto, la posición eterna de Alianza Popular, primero y del PP, después. Siempre coherente: contra la libertad de las mujeres», escribió Elena Valenciano, número dos del PSOE, en Facebook.
La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (Famsd) también mostró su contrariedad y prometió dar guerra. «Es un contrasentido y un retroceso bajo las órdenes de la Iglesia. Nos van a tener a todas frente a esta ley», prometió Ana María del Campo, su presidenta.
Pero la jerarquía de la Iglesia católica tampoco está muy conforme con los planes de Justicia. Aplaude que se elimine la actual ley, ya que supone «una situación lacerante, de gravísima injusticia, como supone que eliminar la vida de un ser humano que va a nacer sea un derecho», según el asturiano Juan Antonio Martínez Camino. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española mostró su deseo de que el Gobierno no solo retroceda 28 años, sino que vaya más allá en la modificación legislativa porque los gobernadores tienen «la obligación de tutelar un derecho tan fundamental como el derecho a la vida». Martínez Camino apuntó que se debe fomentar la aplicación de una ley que cuide «de modo adecuado y proporcional el derecho a la vida de los que van a nacer».
Volver a los tres supuestos
En este sentido también se pronunció Derecho a Vivir, aunque mostró sus reticencias a que el Ejecutivo cumpla los plazos marcados por el propio ministro. «Puede perder la oportunidad de reformar de verdad la normativa y reducir drásticamente el número de abortos», apuntó Gádor Joya, su portavoz. Y Ángel Mario Díaz, portavoz del Foro de la Familia en Asturias, se preguntó «si de verdad el Gobierno central va a cumplir sus promesas o las incumplirá nuevamente y se conformará con poner paños calientes».
La modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo «defenderá el derecho a la vida y el derecho a la mujer y, en caso de conflicto entre ambos, se adecuará a la doctrina del Tribunal Constitucional», señaló el titular de Justicia en una entrevista en Radio Nacional. Esa doctrina, fijada en 1985, determinaba que la mujer podía abortar solo en tres supuestos: violación, malformación del feto o grave riesgo para la salud física o psicológica de la madre. La ley fue modificada en 2010, dejando el aborto libre durante las primeras 14 semanas y hasta las 22 semanas si se diagnostica un riesgo grave para la madre. Una reforma que el PP siempre ha criticado por ser «una modificación unilateral de una materia tan sensible». También permite que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres.
Sobre los futuros cambios, el ministro no quiso desvelar muchos datos -un «ocultismo» que no hace presagiar nada bueno, según el PSOE- después de que sondeara hace unos meses la posibilidad de que se limitara el supuesto de malformación del feto. Algunos dirigentes populares mostraron sus reticencias a que este cambio fuera más allá que la doctrina marcada por el Constitucional hace 28 años y rechazaron la idea. Ante esta oposición, Justicia no irá tan lejos de anular este precepto, que en la legislación ochentera se articula dentro de las primeras 22 semanas de embarazo, sino que limitará este punto. Además, también se establecerá un mayor control médico para que el supuesto psicológico no sea un coladero.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) denunció que esta reforma llevará a la clandestinidad al 99,9% de las 3.000 mujeres afectadas por alguna patología fetal, como puede ser una anomalía congénita, un defecto cromosomático u otra enfermedad fetal. Volver a la ley de supuestos, según Francisca García, portavoz de ACAI, será un «grave retroceso. La sociedad española no responde a esa mentalidad, que solo tiene que ver con cuestiones ideológicas», añadió. Mientras que Blanca Cañedo-Argüelles, de la clínica gijonesa Belladona, abundaba: «No hay ninguna alarma social. No hay más abortos. Para lo único que va a servir la reforma es para atacar a las mujeres, crear un conflicto social y restar fuerzas para trabajar en lo que de verdad importa: la prevención».
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martes, 3 de septiembre de 2013
Cambios
Alberto Ruiz-Gallardón se fijó como uno de los puntos clave de su legislatura como ministro de Justicia la reforma de la ley del aborto impulsada por el anterior Ejecutivo socialista en 2010. Después de casi dos años al frente del departamento y tras varios amagos de presentación en el Consejo de Ministros -hasta cuatro veces se ha visto rechazado el texto en la reunión gubernamental de los viernes-, Gallardón por fin va a poder sacar adelanta el tan ansiado cambio. Será antes de finales de octubre cuando el Ejecutivo dé luz verde al texto, según el ministro.
La idea que baraja es retroceder hasta la ley de 1985 y moldearla con algunas modificaciones, respetando «el discurso histórico» del PP. Una propuesta que no ha gustado, curiosamente, a dos antagonistas, como las asociaciones feministas y las provida. Tampoco le hace ninguna gracia ni al PSOE ni a los obispos. «Donde dice histórica hay que leer prehistórica, machista, sexista y ultracatólica. En efecto, la posición eterna de Alianza Popular, primero y del PP, después. Siempre coherente: contra la libertad de las mujeres», escribió Elena Valenciano, número dos del PSOE, en Facebook.
La Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas (Famsd) también mostró su contrariedad y prometió dar guerra. «Es un contrasentido y un retroceso bajo las órdenes de la Iglesia. Nos van a tener a todas frente a esta ley», prometió Ana María del Campo, su presidenta.
Pero la jerarquía de la Iglesia católica tampoco está muy conforme con los planes de Justicia. Aplaude que se elimine la actual ley, ya que supone «una situación lacerante, de gravísima injusticia, como supone que eliminar la vida de un ser humano que va a nacer sea un derecho», según el asturiano Juan Antonio Martínez Camino. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española mostró su deseo de que el Gobierno no solo retroceda 28 años, sino que vaya más allá en la modificación legislativa porque los gobernadores tienen «la obligación de tutelar un derecho tan fundamental como el derecho a la vida». Martínez Camino apuntó que se debe fomentar la aplicación de una ley que cuide «de modo adecuado y proporcional el derecho a la vida de los que van a nacer».
Volver a los tres supuestos
En este sentido también se pronunció Derecho a Vivir, aunque mostró sus reticencias a que el Ejecutivo cumpla los plazos marcados por el propio ministro. «Puede perder la oportunidad de reformar de verdad la normativa y reducir drásticamente el número de abortos», apuntó Gádor Joya, su portavoz. Y Ángel Mario Díaz, portavoz del Foro de la Familia en Asturias, se preguntó «si de verdad el Gobierno central va a cumplir sus promesas o las incumplirá nuevamente y se conformará con poner paños calientes».
La modificación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo «defenderá el derecho a la vida y el derecho a la mujer y, en caso de conflicto entre ambos, se adecuará a la doctrina del Tribunal Constitucional», señaló el titular de Justicia en una entrevista en Radio Nacional. Esa doctrina, fijada en 1985, determinaba que la mujer podía abortar solo en tres supuestos: violación, malformación del feto o grave riesgo para la salud física o psicológica de la madre. La ley fue modificada en 2010, dejando el aborto libre durante las primeras 14 semanas y hasta las 22 semanas si se diagnostica un riesgo grave para la madre. Una reforma que el PP siempre ha criticado por ser «una modificación unilateral de una materia tan sensible». También permite que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin el consentimiento de los padres.
Sobre los futuros cambios, el ministro no quiso desvelar muchos datos -un «ocultismo» que no hace presagiar nada bueno, según el PSOE- después de que sondeara hace unos meses la posibilidad de que se limitara el supuesto de malformación del feto. Algunos dirigentes populares mostraron sus reticencias a que este cambio fuera más allá que la doctrina marcada por el Constitucional hace 28 años y rechazaron la idea. Ante esta oposición, Justicia no irá tan lejos de anular este precepto, que en la legislación ochentera se articula dentro de las primeras 22 semanas de embarazo, sino que limitará este punto. Además, también se establecerá un mayor control médico para que el supuesto psicológico no sea un coladero.
La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) denunció que esta reforma llevará a la clandestinidad al 99,9% de las 3.000 mujeres afectadas por alguna patología fetal, como puede ser una anomalía congénita, un defecto cromosomático u otra enfermedad fetal. Volver a la ley de supuestos, según Francisca García, portavoz de ACAI, será un «grave retroceso. La sociedad española no responde a esa mentalidad, que solo tiene que ver con cuestiones ideológicas», añadió. Mientras que Blanca Cañedo-Argüelles, de la clínica gijonesa Belladona, abundaba: «No hay ninguna alarma social. No hay más abortos. Para lo único que va a servir la reforma es para atacar a las mujeres, crear un conflicto social y restar fuerzas para trabajar en lo que de verdad importa: la prevención».
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